Ya han transcurrido varios meses desde el inicio de la emergencia causada por el coronavirus COVID-19 en Europa y, si bien al principio hubo un periodo en el que la existencia de dicha situación fue ignorada o no tomada demasiado en serio por algunos Gobiernos -a pesar de las preocupantes noticias que llegaban desde China-, la saturación de los hospitales y las alarmantes cifras de contagios y fallecimientos exigieron la promulgación de drásticas medidas restrictivas, que han llevado al cierre de la práctica totalidad de los establecimientos abiertos al público, así como numerosos centros de trabajo, a la obligación de mantener el distanciamiento social y al confinamiento de la población.
En el caso de las personas de avanzada edad, tal como reflejan las estadísticas, la peligrosidad del coronavirus COVID-19 ha sido muy alta desde el inicio de la pandemia. En este sentido, llegaban de todos los países datos que mostraban que el grupo de población más afectado era el de personas mayores de 65 años, independientemente de la presencia o no de patologías previas, ya que el desarrollo de la enfermedad, para este grupo de población, parecía ser más complejo.
Hoy, varios meses después, las cifras totales de fallecimientos por coronavirus en España, dentro de este grupo de población, son altísimas y muchas de ellas se han producido en las residencias de ancianos, lo cual hace imprescindible analizar las circunstancias que han tenido lugar en cada caso, así como las posibles responsabilidades derivadas de las distintas actuaciones, tanto de los poderes públicos, como de los actores privados, habida cuenta, además, de las distintas causas judiciales iniciadas tanto contra las propias residencias, como contra el Gobierno y las Comunidades Autónomas.
En este sentido, las distintas reclamaciones efectuadas hasta ahora han puesto en tela de juicio medidas tales como la falta de separación de espacios en los edificios, la falta de material de protección, la no prohibición de visitas o la no hospitalización de los ancianos más graves.
El Bufete de Abogados Giambrone está al lado de todas aquellas personas que se han visto afectadas por la pandemia del COVID-19 y, en especial, de las que han sufrido la pérdida de un ser querido en una residencia de ancianos, ofreciendo sus servicios jurídicos a todo aquel que haya sido víctima del algún tipo de negligencia o imprudencia, constitutivas de algún tipo de responsabilidad civil o penal.
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